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 Por: Revolución TRESPUNTOCERO

Romper “el pacto de silencio” que ha prevalecido en torno a este caso es una de las premisas de López Obrador desde que llegó al gobierno.

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La justicia transicional se refiere al conjunto de medidas judiciales y políticas que utilizan países cuando dejan atrás periodos de conflicto y represión, para llevar a cabo la reparación por violaciones masivas o sistemáticas de derechos humanos. De esta manera, se busca la restauración de la justicia, la reconciliación y el mantenimiento de la paz, según el Centro Internacional para la Justicia Transicional.

El gobierno mexicano, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ha emprendido este mecanismo, particularmente, con el caso de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, que tuvo lugar durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

En este sentido, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer la detención de Ángel Casarrubias Salgado, alias “El Mochomo”, presunto líder de Guerreros Unidos y señalado por su participación en dicho suceso.

Romper “el pacto de silencio” que ha prevalecido en torno a este caso es una de las premisas de López Obrador desde que llegó al gobierno, sosteniendo reuniones y acuerdos con los familiares de las víctimas, e incluso recibiéndolos en Palacio Nacional.

El fiscal general, Alejandro Gertz, es una de las personalidades que lidera esta restauración de justicia, bajo el compromiso de continuar con las investigaciones y no dar “carpetazo” al tema.

“No voy a descansar hasta que se conozca la verdad y se haga justicia en este caso de Ayotzinapa. Estoy constantemente tratando el tema, es un asunto de Estado”, ha expuesto.

La captura de “El Mochomo” se suma a las del agente ministerial, Ezequiel Peña Cerda; el marino, Ariel Agustín Castillo Reyes; y el exdirector de Equipos Especiales de la Policía Federal Ministerial de la FGR, Isidro Junco Barajas, acusados de tortura contra Carlos Canto Salgado, a quien presentaron como presunto miembro del grupo delincuencial Guerreros Unidos.

También existe una orden de aprehensión contra el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la desaparecida PGR, Tomás Zerón de Lucio, quien huyó del país. No obstante, se ha emitido ficha roja de la Interpol para su localización a nivel internacional, y su eventual extradición.

De igual forma, el ex titular de la Policía Federal Ministerial (PFM), Carlos Gómez Arrieta, se encuentra prófugo de la justicia, acusado por hechos relacionados con tortura y desaparición forzada contra algunos detenidos por la desaparición de los 43.

Aunado a esto, la FGR ha solicitado ante un Juez de Distrito de Procesos Penales Federales, otras 46 órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos de diversos municipios de Guerrero, entidad en la que se dio la desaparición de los normalistas en 2014.

Ante estas acciones, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) reconoció los avances que se han dado en el caso.

“La ONU-DH saluda que la Unidad Especial de la Fiscalía para el caso Ayotzinapa avance en las investigaciones y en el cumplimiento de las recomendaciones formuladas”, señaló la instancia.

De acuerdo con Jesús Peña, representante adjunto de la ONU-DH, la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, ha destacado la voluntad del gobierno del presidente López Obrador para dar solución al caso de la desaparición de los 43 normalistas.

“Durante su visita a México, la Alta Comisionada Michelle Bachelet reconoció la voluntad del actual gobierno para superar los cuestionamientos de instancias nacionales e internacionales respecto a la investigación del caso Ayotzinapa”, comentó.

Además, mencionó que “la nueva información sobre el caso muestra que esa voluntad se traduce en resultados, alentamos al Estado mexicano a seguir avanzando y así acercar a los familiares de los estudiantes y a la sociedad mexicana en su conjunto a la verdad y a la justicia”.