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San José Iturbide, Gto. El Edil Bernardino Montes Buenrostro (Movimiento Ciudadano), integrante del cuerpo edilicio de San José Iturbide, adeuda al municipio 123 mil pesos por concepto del derecho de charolas y locales, siendo uno de los 28 deudores que hasta el momento llevan 11 años sin cubrir la respectiva liquidación, algunos  teniendo registrado el último pago en el año 2007.

Según informes de la oficina de Fiscalización, el edil Bernardino Montes tiene una deuda actual de 123 mil pesos y que en enero del presente año se realizó un convenio entre Fiscalización y los deudores para concretar los pagos de su deuda.

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A su vez explican que el edil realiza pagos de 5140.41 pesos al mes y que hasta el último pago, realizado en el mes de mayo se encuentra al corriente.

Cabe destacar, que dicho deudo se ha mantenido por cuatro distintas administraciones, sin embargo actualmente Montes Buen Rostro es parte del cuerpo colegiado de esta ciudad, integrando las siguientes comisiones;

Seguridad Pública, presidencia; contraloría, secretario; medio ambiente; planeación gestión y seguimiento; desarrollo urbano y ordenamiento ecológico; y honor y justicia, estos cuatro últimos como vocal.

Debido a lo anterior, el cuerpo edilicio Iturbidense deberá fijar una postura a lo anteriormente expuesto, de lo contrario podrían ser observados tanto por la Auditoria Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), como del órgano de control interno de la contraloría municipal, al incumplir con la Ley de Ingresos y egresos del municipio en cuestión.

Por otro lado, es de subrayar, que posterior a una investigación, que el total de los locatarios del mercado en mención sostienen un adeudo desde el 2007 superior a los 6.6 millones de pesos, cifra que actualmente asciende a los 7 millones 376.85 pesos, al corte del mes de octubre de esta anualidad.

Donde hasta el momento, no se tiene registrado ningún antecedente de la firma de algún convenio para efectuar los pagos correspondientes, sin embargo si se tiene precedente solo de algunas mesas de trabajo entre locatarios, y autoridades municipales.