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Redacción/Proceso

WASHINGTON.- Andrés Manuel López Obrador podría dañar la relación bilateral en caso de que diera marcha atrás a algunas reformas, advierte un informe dirigido al Congreso federal de Estados Unidos.

“Pese a que algunos temen que López Obrador –cuya coalición, Morena, también ganó las mayorías en ambas cámaras– dará marcha atrás a las reformas de México y dañará las relaciones con Estados Unidos, otros predicen que gobernará pragmáticamente”, se lee en el documento entregado al Capitolio el martes 2.
Elaborado por Clare Ribando Seelke, especialista en temas latinoamericanos del Congressional Research Service (CRS, Servicio de Investigación del Congreso), el reporte hace un balance minucioso del sexenio de Peña Nieto y vaticina los temas que serán relevantes en la relación con el de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El informe resalta: “La aprobación al trabajo de Peña Nieto se ha mantenido relativamente baja desde 2014; su gobierno ha luchado para resolver casos de alto perfil sobre abusos a los derechos humanos, se embrolló en escándalos de corrupción y enfrenta retos de seguridad”.

La investigación del CRS, actualizada hasta el pasado martes 2, hace hincapié en el futuro de la relación entre Donald Trump y López Obrador, y señala que en Washington persiste la duda respecto a lo que hará el próximo presidente mexicano en torno a temas de gran interés para Estados Unidos.

“Hay cierta incertidumbre sobre los planes de López Obrador para el sector de la energía. Aunque se opuso a las reformas (estructurales) de 2013, él y su futuro gabinete han dicho que su gobierno respetará los contratos existentes que no estén involucrados en corrupción. Sin embargo no está claro si el próximo gobierno pretende revertir la reforma o el proceso de su implementación.

“En julio de 2018 López Obrador anunció un plan energético que incluye la modernización de seis refinerías existentes, a un costo de 2 mil 600 millones de dólares, y la construcción de una más en Tabasco, que costaría 8 mil 600 millones de dólares”, resalta el informe de 38 páginas, al que ­Proceso accedió.

La participación del capital privado estadunidense en el sector energético mexicano fue uno de los aspectos ríspidos en la reciente renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ahora rebautizado por Trump como USMCA (Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá).

En esas negociaciones el equipo de transición de AMLO, representado por Jesús Seade, concretó directamente con la Casa Blanca un capítulo sobre los contratos, donde se cree que el tabasqueño estableció –para el caso de los otorgados por Petróleos Mexicanos (Pemex) a multinacionales estadunidenses– que no se pueda demandar jurídicamente al Estado en caso de que, por cualquier incumplimiento de lo suscrito, se determine la anulación del compromiso.

“Su plan también incluye (…) revitalizar Pemex, no obstante que la persona a quien ha designado para dirigir a la empresa (Octavio Romero) carece de experiencia en el sector (…) hay oportunidades para que continúe la cooperación energética entre Estados Unidos y México en el sector de los hidrocarburos, pero el futuro de esos esfuerzos dependerá de las políticas adoptadas por el gobierno de López Obrador”, destaca el documento distribuido en el Capitolio.

La inquietud en el gobierno de Trump y entre los inversionistas de su país no se concentra sólo en AMLO; la posición de contraste de Morena con las políticas neoliberales de Peña Nieto también es motivo de intranquilidad.

“Morena ha prometido dar marcha atrás a algunas de las reformas adoptadas entre 2013 y 2014. La legislatura considera varias propuestas para enmendar y eliminar la educativa. López Obrador ha dicho que aunque respetará los contratos petroleros existentes, podría congelar dos años la subasta de petróleo, lo cual provocó alguna preocupación entre los inversionistas”, subraya el reporte titulado México: Antecedentes y la relación con Estados Unidos.

Incógnitas y contradicciones

La investigación avizora un futuro en el que, por la magnitud de su triunfo el 1 de julio y por sus promesas de campaña, López Obrador tendría que cambiar el curso de la política mexicana. Al mismo tiempo el documento del CRS agrega que las expectativas creadas por AMLO y su victoria electoral son una incógnita, por las contradicciones en las que ha caído el tabasqueño.

“Por ejemplo”, apunta el reporte, “prometió gobernar con austeridad, pero ­propuso un gran número de nuevos ­programas sociales. Su futuro secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, economista entrenado en Estados Unidos, ha dicho que el próximo gobierno honrará los contratos petroleros, al tiempo que quien será secretaria de Energía, Rocío Nahle (ingeniera química y exlegisladora de Morena), se ha opuesto a la participación del sector privado en la industria (de los hidrocarburos)”, añade el documento.

El nerviosismo en Washington por lo que suponen que vendrá con el sexenio de López Obrador no se limita al sector de los energéticos: “Algunas de sus propuestas en seguridad podrían desatar sospechas entre funcionarios de Estados Unidos, como pretender la despenalización de la mariguana y potencialmente de la producción de opio, propuesta de su elegida como (próxima) secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero”, se anota en otros de los incisos del informe.

En cuanto a la política exterior que ejercerá el próximo gobierno federal mexicano, el CRS enfatiza que Marcelo Ebrard, quien asumirá la titularidad en la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya adelantó el regreso a la Doctrina Estrada, de no intervención en los asuntos de otras naciones. “Predice que México se retractará del papel que ha jugado en buscar solución a la crisis en Venezuela”.

Migración y narcotráfico

De acuerdo con el informe, de todo esto se desprende que pese a la supuesta empatía entre Trump y López Obrador, seguirán los roces y las diferencias políticas por la inamovible posición del presidente estadunidense de criminalizar a la inmigración indocumentada.

La insistencia de Trump de edificar un muro en la frontera sur de su país eventualmente implicaría choques con AMLO.

Al respecto, el reporte apunta que por encima de las promesas electorales de Trump de obligar a México a pagar el proyecto de infraestructura fronteriza, en el Capitolio no existe el respaldo necesario para aprobar un presupuesto a fin de amurallar la región limítrofe del sur.

Aun cuando con el gobierno de Peña Nieto –mediante los oficios del canciller Luis Videgaray– el de Trump consiguió muchas concesiones en materia migratoria, la elección de AMLO propició que la Casa Blanca viera abruptamente trastocados sus proyectos de sometimiento migratorio.

La intervención directa de Ebrard paró la intención de Videgaray de aceptar la propuesta de Trump de convertir a México en un “tercer país seguro” por medio de un tratado según el cual el gobierno de Peña Nieto se comprometería a ser un filtro migratorio del estadunidense.

En el concepto de “tercer país seguro” todos los extranjeros (no mexicanos) solicitantes de asilo en Estados Unidos, primero –y sólo para llegar a la frontera sur estadunidense– debían pedir asilo en México. Trump le prometió a Videgaray financiar con unos 800 millones de dólares los costos de esta medida.

“Se ha reportado que México se resiste a firmar con Estados Unidos el acuerdo del tercer país seguro, el cual requiere que los solicitantes de asilo que transiten a través de México pidan asilo allí en lugar de que lo hagan en Estados Unidos. México no aceptará a ciudadanos no mexicanos que como indocumentados ingresaron por tierra a Estados Unidos (como lo ha propuesto el gobierno de Trump)”, acota el reporte.

Por encima de las negativas del gobierno de Peña Nieto –gracias a la intervención directa del equipo de transición de AMLO–, el gobierno de Trump insiste en que México haga el papel de filtro migratorio.
Por conducto del Departamento de Estado, el gobierno de Trump pretendía que el gobierno de Peña Nieto se hiciera cargo de la repatriación trascontinental de inmigrantes indocumentados detenidos en territorio mexicano.

Trump le planteó a Videgaray financiar con 20 millones de dólares la repatriación de inmigrantes de África y Asia. Los planes de este proyecto avanzaban, hasta que los detuvo Ebrard. Sin embargo, el pasado septiembre (para evitar el escrutinio del Congreso) el Departamento de Estado asignó 20 millones de dólares a los fondos ya garantizados, que suman más de 100 millones de dólares, de la Iniciativa Mérida, enfocada a combatir el narcotráfico.

Peña Nieto, reprobado

En la parte de la investigación dedicada al legado del sexenio de Peña Nieto, los legisladores fueron notificados de que el histórico nivel de desaprobación del mandatario saliente se deriva de su incapacidad o renuencia a resolver problemas de corrupción, inseguridad, pobreza, violencia, violaciones a los derechos humanos e impunidad que azotan al país.

“Numerosos exgobernadores del PRI enfrentan cargos criminales, el presidente Peña Nieto se defiende de acusaciones de corrupción dentro del PRI en su campaña de 2012, como también de cargos de que su gobierno utilizó un virus cibernético para ilegalmente espiar a sus críticos”, apunta el reporte.

Y destaca que el mandatario mexicano es criticado por no defender más vigorosamente los intereses de México ante Trump: “Peña Nieto ha sido cuidadoso en no usar la retórica o tomar posiciones rudas que pudieran molestar al gobierno de Estados Unidos y propiciar su salida del TLCAN”.

De acuerdo con el reporte en manos del Capitolio, la imagen de México es la de una nación sumida en el caos por la violencia e inseguridad provocadas por el crimen organizado y el tráfico de drogas.

“Peña Nieto hizo campaña prometiendo que reduciría la violencia; no obstante, seis años después la inseguridad aumentó agudamente. Los homicidios relacionados con el crimen organizado alcanzaron niveles récord; en 2018 han continuado registrándose niveles extremadamente elevados. El Departamento de Estado ha pedido a los estadunidenses no viajar a cinco estados mexicanos y a reconsiderar viajar a otros 11. Durante la campaña electoral de 2018 se reportó el asesinato de más de 150 políticos”, agrega la investigación de Ribando Seelke.

La violencia relacionada directamente con el trasiego de drogas, el informe del CRS la achaca al liderazgo que en ese negocio ha ido asumiendo el Cártel de Jalisco Nueva Generación y a la ineptitud gubernamental. A esta situación, el reporte suma la diversificación de los grupos dedicados a la exportación de enervantes: el huachicoleo, la extorsión, el secuestro y el tráfico de personas.

“El robo de combustible se convirtió en una amenaza a la seguridad nacional que le cuesta a México unos mil millones de dólares al año y que genera conflictos violentos entre el Ejército y los presuntos ladrones”, machaca el informe.

La corrupción, flanco débil y a destacarse en el sexenio que se acaba, tiene un lugar destacado en el informe. El documento hace notar que el gobierno de Peña Nieto propuso confrontar la corrupción a nivel municipal cuando a niveles estatal y federal el asunto se le fue de las manos. “Por corrupción por lo menos 14 gobernadores en funciones o exgobernadores están bajo investigación, y por su colusión con los grupos del crimen organizado, que resultó en muertes violentas y serias violaciones a los derechos humanos”, enfatiza el reporte.

Para recalcar el tema de la corrupción, la investigación dice: “Observadores han criticado la sentencia reciente dictada a Javier Duarte, exgobernador priista del estado de Veracruz, quien presuntamente robó miles de millones de dólares del erario y solamente fue sentenciado a nueve años de cárcel. Un auditor gubernamental libró al presidente Peña Nieto, a su esposa y a su canciller de actividades ilegales, aunque reportes surgidos en 2014 señalan cómo se beneficiaron de los lazos que establecieron con una firma que ganó muchos contratos gubernamentales, lo que empeoró su imagen.”

Este reportaje se publicó el 7 de octubre de 2018 en la edición 2188 de la revista Proceso.