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Por: Iván Vargas. Revolución tres punto cero

Con 226 votos a favor, 173 en contra y una abstención, esta semana la Cámara de Diputados aprobó la extinción de 109 fideicomisos de los cuales 50 presentan observaciones importantes por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por inadecuados manejos y probable desvío de recursos, esto de acuerdo con un estudio realizado por la legisladores  de Morena.

De acuerdo con una auditoría realizada en 2019, se detectó que durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña, “existieron malos manejos o posibles desvíos de al menos 200 mil millones de pesos etiquetados para emergencia y desastres del Fondo de Desastres Naturales (Fonden)”. 

“Los principales espacios de corrupción son las declaratorias extraordinarias, así como las contrataciones y adquisiciones realizadas por los estados o las delegaciones federales”, indica el estudio 
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Además señala casos como el del Fondo de la Financiera Rural, donde según el Informe de Resultados de Fiscalización de la Cuenta Pública 2018, la ASF detectó que, en 716 créditos, no fueron reconocidas las CURP por el Registro Nacional de Población (Renapo).

Posteriormente, “de esos créditos sólo se validó la existencia de 487 sujetos, que en términos económicos representaban 54.35 millones de pesos; no obstante, nueve de ellos, que representaban alrededor de 392 mil pesos, se comprobó que se otorgaron a personas que fallecieron de 84 hasta dos mil 60 días antes de la firma del contrato de los créditos”.

Cabe precisar que en 2019 la ASF detectó saldos pendientes de comprobar por parte del  Fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto rendimiento (Fodepar) recursos  que la Comisión Nacional del Deporte (Conade) entregó a la Federación Mexicana de Golf por 5 millones de pesos, y en 2018 el pago de apoyos simultáneos por 287 mil pesos, a 10 beneficiarios que no se habían dado de baja en la Conade.

En otra auditoría realizada en 2018 al Fondo Metropolitano se detectó que una disponibilidad de mil 687.1 millones de pesos, es decir el 52.2 por ciento del total asignado ese año, por lo cual “no logró cumplir con su objetivo de otorgar recursos a programas y proyectos de infraestructura, que demostraran ser viables y sustentables”, mientras que 926.2 millones de pesos “no fueron reintegrados al término del ejercicio fiscal”.

En tanto que en 2016 en el Fidecine la ASF detectó que el Instituto Mexicano de Cinematografía “no contó con indicadores ni metas para evaluar la suficiencia y pertinencia de las películas promovidas para su exhibición apoyadas para su producción”.

Al respecto del  Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en 2018, informes de la Secretaría de Gobernación indican el ejerció 337 millones de pesos, lo que significa 3.8 por ciento más que los 324 millones de pesos reportados como ejercidos, sin embargo “ no existe explicación pudiera sustentar las causas de las diferencias”.

También en el año 2014 en el Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del IPN se detectó que la Escuela Superior de Ingeniería Química, realizó el pago de estímulos al personal por 889 mil de pesos “sin acreditar que los servidores públicos ocupan una plaza de docente o de apoyo”. Esto aunado a los incentivos extraordinarios por 430 mil pesos de pesos a investigadores del Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada Tlaxcala “no se proporciona evidencia de los trabajos realizados”.