Guanajuato. En un reportaje publicado en el Portal de Noticias Zona Franca, dio a conocer que a escasos días de entregar el poder a su sucesor, el gobierno de Miguel Márquez ha ocultado el hallazgo de por lo menos 37 cadáveres, en tres presuntas fosas clandestinas ubicadas en las inmediaciones de la comunidad Los Ángeles en el municipio de Villagrán. Se trata justamente de la zona de seguridad atribuida a uno de los grupos criminales que se disputan el territorio estatal.

Pese a la apertura de tres carpetas de investigación, la información ha sido retenida por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), encabezada por Carlos Zamarripa Aguirre. No hay comunicación oficial con instancias federales, ni con familiares de personas desaparecidas en la entidad. Ni que decir a los medios de comunicación.

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La información sobre las fosas ha surgido a cuentagotas, en un boletín de prensa de la propia dependencia que trató de dar por solucionado el caso de la privación ilegal de libertad de una familia completa; en la declaración de un familiar a quien se le notificó la identificación de su desaparecido; y en filtraciones de elementos policiales.

Frente al torbellino de la violencia que ya rebasa el millar y medio de víctimas tras el primer semestre del 2018, el gobierno de Guanajuato ha insistido en justificar el incremento de las ejecuciones como una guerra entre grupos delictivos que no afecta a la población civil.

En ese mismo sentido, las cabezas de la región militar han admitido que Guanajuato es escenario de una lucha armada que mantiene el Cártel Jalisco Nueva Generación contra el Cartel de Santa Rosa, cuyo asentamiento se encuentra precisamente en la zona donde habrían sido ubicadas las fosas clandestinas.

Fue el pasado 4 de mayo -en plena temporada de las campañas electorales-, cuando se reveló la existencia de una presunta fosa en la que fueron encontrados cuatro cuerpos. A partir de esa fecha, la cantidad de los cadáveres que ahí se encontraban varió en número, pero la versión oficial se concentró al final en un máximo de ocho.

El 11 de mayo fue asesinado el candidato de Morena a la alcaldía de Apaseo el Alto, y automáticamente la información se cerró en me dio de un clima de politización. No hubo más avances que se dieran conocer sobre la identificación de cadáveres o el hallazgo de otros cuerpos.

El pasado viernes 7 de septiembre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer un informe hemerográfico en el que se lograron documentar 163 fosas clandestinas en el país entre 2017 y 2018, de las que se exhumaron cuando menos 530 cuerpos. En la revisión estado por estado, Guanajuato brilla por su ausencia.

Tres fosas en Villagrán

Carlos Zamarripa Aguirre cumplió en 2018 nueve años al frente de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Según sus cercanos, busca ratificarse por nueve años más ahora como Fiscal General Autónomo. Foto: Archivo

Fue la desaparición de una familia completa en la ciudad de Celaya, la que detonó el hallazgo de una primera fosa clandestina. De ahí, comenzaron las pifias, parcialidad en la información y finalmente el ocultamiento.

El 2 de mayo, la subprocuraduría de Justicia de la Región C dio a conocer que investigaba la desaparición de seis personas; cuatro integrantes de una familia y dos amigos que los acompañaban el sábado 28 de abril en una fiesta familiar en la colonia Los Naranjos. Se abrió una carpeta de investigación: 44166/2018 de la Unidad Especializada.

Dos días después de hacer público el caso, la PGJE emitió un comunicado de prensa en el que afirmó haber encontrado los cuerpos sin vida de las seis personas en el municipio de Villagrán.

“¡BOLETÍN DE ÚLTIMA HORA!: PGJ localiza a integrantes y amigos de la familia desaparecida”… fue el mensaje que el pasado viernes 4 de mayo cuando se dio la primera información oficial sobre el caso.
“Los cuerpos sin vida fueron ubicados en un predio abierto y la camioneta en un domicilio particular, en comunidades del municipio de Villagrán”, consignó la dependencia en aquel boletín oficial.

El pronunciamiento de la procuraduría en poco tiempo fue interpelado por familiares y amigos de la familia, pues afirmaron que nunca se les presentaron los cuerpos de manera física y las fotografías que se les presentaron no correspondían a sus cercanos desaparecidos.

Para el lunes 7 de mayo, la verdad estalló. Ese día, un artículo publicado por el semanario Proceso, reveló que, de acuerdo con fuentes al interior del PGJ, lo que en realidad se había encontrado era una fosa clandestina con 12 cuerpos en su interior. También se especificó por primera vez que estaba ubicada entre las comunidades de Los Ángeles y Santa Rosa de Lima.

En efecto, en los últimos días, Zona Franca obtuvo información que trascendió desde el interior de la PGJ. En esta se indicó que, en una primera fosa localizada en la comunidad de Los Ángeles, el 5 de mayo se localizaron 12 cuerpos enterrados en un socavón asignándoles la carpeta de investigación 00046274/2018-UEIH-IV.

Pero también se precisó que al siguiente día, en el mismo lugar, se agregaron ocho cuerpos más. Mientras comenzaron a realizarse otras excavaciones, pues las sospechas de fosas mayores eran una realidad para los agentes asignados al caso.
Pero el 7 de mayo la información se comenzó a acotar. El mismo día de la publicación de Proceso, el procurador Carlos Zamarripa dijo que la identidad de la familia desaparecida en Celaya, tendrá que ser confirmada en un par de días más y acusó a los medios de comunicación de mal interpretar la información dada a conocer en el comunicado.

El funcionario estatal puntualizó que por las condiciones en las que los cuerpos fueron encontrados, las labores periciales han sido difíciles y no se ha podido precisar si corresponden o no a la familia desaparecida. Confirmó que se encontraron otros cuerpos en la zona y afirmó que estos homicidios podrían haberse ejecutado por integrantes del Cártel de Santa Rosa.

Para el 8 de mayo la PGJE obtuvo más resultados en la primera fosa clandestina. Las fuentes indicaron a Zona Franca que se habrían localizado seis cuerpos más enterrados en el lugar, y finalmente el 9 de mayo se consignó en los partes oficiales -no informados a los medios de comunicación- de la localización de un cuerpo enterrado, para sumar 27 en ese primer punto.
Para el 10 de mayo, llegaron a Zona Franca reportes de la desinformación que para estas alturas ya cundía entre las corporaciones de seguridad.

Cuestionando a la fuente si la información no se ha vertido al Grupo de Coordinación Guanajuato, que integra la Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Federal, Ejército, PGJ y la Secretaría de Seguridad Pública, dijo que al momento no se ha hecho así, por lo que esperaría que se hiciera en las sesiones ordinarias. Pero no fue así.

Sostuvo que en la zona de los hallazgos sólo trabajaban peritos de la PGJ con resguardo de Agente Ministeriales y Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.

Los hallazgos continuaron mientras la PGJE se cerraba. En la segunda fosa que comenzó a explorarse desde el 5 de mayo, se ubicaron nueve cuerpos a los que se les asignó la carpeta de investigación 00051071/2018-4.

Se logró detectar una tercera fosa, dentro del predio La Encarnación donde se encontró al momento un cuerpo donde los investigadores asignados suponen que hay más. Este punto fue registrado con la carpeta de investigación 00051046/2018-4.

Un detalle que la fuente destacó fue que estas dos últimas carpetas de investigación fueron abiertas el 17 de mayo a pesar de que los cuerpos se encontraron el día 9 de mayo.
El 14 de mayo se le pidieron al procurador Carlos Zamarripa más avances en la investigación, sobre todo, del caso de la familia celayense desaparecida a principios de ese mes. Este indicó que de los “más de seis” cuerpos localizados hasta este momento en Villagrán ninguno les correspondía.

La siguiente comunicación por parte de la PGJE fue por escrito. El 16 de mayo nuevamente se le solicitaron avances a Zamarripa y este indicó que dos personas habrían sido identificadas. Más tarde en un comunicado se informó que uno de los fallecidos es originario de Villagrán y otro de Salamanca.

Un día después, se envió un boletín en el que se indicó la identificación de otras dos víctimas localizadas en la fosa clandestina en la comunidad Los Ángeles. Se trata de una mujer originaria de Celaya y un hombre de Salamanca.

El 19 de mayo, Carlos Zamarripa fue nuevamente cuestionado al respecto. El punto central fue el cierre de información y las razones para haber acaparado la investigación en la zona. Afirmó que la PGJE es la única instancia que ha intervenido pues, “esta es la única que cuenta con un antropólogo forense, único con certificación a nivel nacional”.

En tanto, el general de la Brigada Militar instalada en Irapuato, Carlos López Charis, confirmó que el hallazgo de la fosa clandestina con cadáveres, era un tema en el que las tropas a su cargo no habían intervenido.

El 23 de mayo fue la última declaración que Carlos Zamarripa dio al respecto. Señaló que ya se habían identificado cuatro cuerpos encontrados en la fosa clandestina de Villagrán. Según el funcionario, aún se estaban revisando las bases de datos estatales y federales para dar con su plena corroboración.

Descartó nuevamente que entre estos cuerpos se encuentren los integrantes de la familia desaparecida en Celaya.

A partir de ese momento no se informaron más avances.

Zona de alerta

La comunidad de Los Ángeles, en el municipio de Villagrán, es donde desde el 5 de mayo pasado se hacen trabajos de excavación que han permitido la ubicación de un total de 36 cuerpos, hasta el corte realizado el pasado 18 de mayo. Así lo indicaron fuentes de alto nivel dentro de la PGJ.

De acuerdo a la fuente, los trabajos de investigación en la zona se realizaron con un equipo de cinco agentes del Ministerio Público al mando del Procurador General de Justicia, Carlos Zamarripa Aguirre.

Aunque la PGJE insiste en negar la existencia de la fosa y el número de cuerpos. En realidad se trata de tres fosas calndestinas en un radio de 2 kilómetros entre si en la zona de socavones. Estaría ubicada precisamente a 2 kilómetros del Parque Acuático Villagasca, a otros dos de la carretera federal 45, y aproximadamente a seis de la cabecera municipal.

Carpetas de investigación:

CI 00046274/2018-UEIH-IV: 27 cuerpos

CI 00051071/2018-UEIH-IV: 9 cuerpos

CI 00051046/2018-4-UEIH-IV: 1 cuerpo hasta el momento

Personas identificadas e informadas públicamente:

José Guadalupe Santana Salas de 36 años, quien salió de su domicilio en la ciudad de Villagrán el 17 de abril y se perdió su paradero.

Martín Valadez Tovar de 22 años, quien el pasado 3 de abril fue reportado como no localizado, después de que salió de su domicilio en Salamanca.

Sara Gallegos Moreno de 65 años, quien fue privada de su libertad, el pasado 6 de abril, cuando se encontraba en el interior de su domicilio en Celaya.

Juan Carlos Mendoza Granados de 31 años, quien fue reportado como no localizado desde el día 19 de abril, en Salamanca.
Derechos Humanos, ausente

La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Pdheg) se ha mantenido al margen de las investigaciones derivadas del hallazgo de la fosa clandestina en Villagrán. Para su titular, Raúl Montero de Alba, su función es ‘humanitaria’, al atender a las familias de las víctimas que han sido identificadas, así como solicitar informes a la PGJE.

Aunque las más recientes directrices indican los deberes específicos, para el tratamiento adecuado de los casos de desaparición y hallazgo de cadáveres, el órgano encargado de velar por los Derechos Humanos en Guanajuato se ha limitado a esperar las convocatorias de la PGJ para que sesione el Comité de Atención a Víctimas del Delito (CAVD).

Adjunto a lo anterior, Raúl Montero de Alba argumentó que se ‘encuentra a la espera’ de que la PGJ convoque a la sesión del CAVD. De acuerdo con la confirmación de su oficina de prensa, la última se realizó el 8 de mayo, seis días antes de que se descartara la identidad de una familia originaria de Celaya, entre los cuerpos hallados en la fosa clandestina de Villagrán.

Pero prácticamente desde el 2017 el hallazgo de fosas clandestinas en Guanajuato se hizo una constante, con la Pdheg sin pronunciamientos al respecto.

Raúl Montero de Alba. Completamente al margen por decisión propia. Foto: Archivo

Cabe destacar el caso de una mujer que se identificó como la esposa del policía municipal de Celaya, Martín Bata Rodríguez, quien fue privado de la libertad a principios de este año. La viuda acudió al paro de labores que decretaron los elementos se el 28 de mayo para denunciar las condiciones de vulnerabilidad en las que operaban.

En un lapso de poco más de 9 meses se habían registrado cuatro casos de la privación ilegal de la libertad contra policías municipales. En los cuatro casos, los oficiales estaban francos, es decir, en su día de descanso.

Martín Bata Rodríguez quien fue privado de su libertad el 29 de marzo de este año en su domicilio en la colonia Campo Azul.

La viuda del elemento dio a conocer que su esposo fue localizado en la fosa clandestina de Villagrán. Apenas se le informó, se unió a la manifestación para encarar a David Cabrera, funcionario de la Secretaría de Gobierno que fue asignado para atender las inconformidades de los agentes policiales.

Apenas el pasado 7 de septiembre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realizó un muestreo hemerográfico, en el que se revela el hallazgo de cuando menos 163 fosas clandestinas en el país entre 2017 y 2018, de las que se exhumaron cuando menos 530 cuerpos.

En su informe la CNDH mostró su preocupación ante el incremento en los hallazgos de fosas clandestinas y, por consiguiente, el número de cadáveres y/o restos humanos de ellas exhumados.

“Destaca la importancia de que las actuales autoridades de los tres niveles de gobierno y las que próximamente asumirán las responsabilidades de la conducción del país establezcan en el corto plazo una política integral que prevenga, investigue y sancione las violaciones que se generan con la práctica de realizar inhumaciones en fosas clandestinas…”
En cuanto a las entidades federativas en que se halló el mayor número de fosas clandestinas, de acuerdo con el muestreo hemerográfico de la CNDH, son Veracruz, 37; Chihuahua, cuando menos 22; Sinaloa, 22; Zacatecas, 17, y Jalisco, 14, mientras que los estados en que fueron exhumados el mayor número de cuerpos son Jalisco, 126; Veracruz, 83; Nayarit, 70; Zacatecas, 51 y Chihuahua, 59.

En contraste, en Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Durango, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán no se hallaron fosas clandestinas, y los estados con menor número de cuerpos exhumados son Michoacán, 1; Quintana Roo, 1; Nuevo León, 2; Coahuila, 4 y Colima, 6.

Pero prácticamente desde el 2017 el hallazgo de fosas clandestinas en Guanajuato se hizo una constante, con la Pdheg sin pronunciamientos al respecto.

En uno de los casos que saltaron a la opinión pública, el pasado 14 de agosto el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México manifestó su preocupación por las excavaciones que se realizaban en las fosas clandestinas, localizadas en un predio de la comunidad de San Antonio Calichar en Apaseo el Alto. De acuerdo con la organización, estas se realizaron sin los protocolos periciales correspondientes y sin la participación vigilante de las familias.

El 21 de diciembre fue hallada otra fosa similar en la comunidad de Tenango el Nuevo, perteneciente al municipio de Apaseo el Grande. De manera preliminar y extraoficial se indicó de la recuperación de cuatro cuerpos, pero el hermetismo de la PGJ fue permanente.

El último caso relevante fue el de Villagrán.

Para la CNDH, los resultados del muestreo hemerográfico confirman que la existencia de fosas clandestinas es consecuencia, entre otros aspectos, de la falta de procuración de justicia pronta y expedita que, lejos de producir investigaciones eficaces y sustentables para la localización de víctimas y el ejercicio de la acción penal contra los responsables, en la mayoría de los casos sitúa a los agraviados y a sus familiares en estado de abandono, revictimizándolos al hacerles nugatorios sus derechos reconocidos en Constitución General de la República e instrumentos internacionales en la materia.

Con Información de Zona Franca